ALERTA NACIONAL #ElSalvador / VETAR O DEROGAR LEY DE AGENTES EXTRANJEROS / Organizaciones de la Sociedad Civil 6q3f6p

Primero, buenos días a todos y todas. Gracias por asistir a esta convocatoria de prensa.

Hemos convocado alrededor de 70 organizaciones de derechos humanos, articulaciones, movimientos de sociedad civil, liderazgos de territorio de distintos sectores a esta conferencia de prensa, en particular por dos elementos del contexto actual.

Pero queremos, además de leer nuestro pronunciamiento, dar las valoraciones sobre la situación de incremento de agresiones a personas defensoras y periodistas en este contexto, y en particular también sobre la reciente aprobación de la ley de agentes extranjeros el día de ayer.

Mi nombre es Verónica Reina, del Servicio Social Pasionista. Yo voy a dar lectura al pronunciamiento suscrito por las organizaciones, articulaciones y movimientos, y luego vamos a dar espacio para cada representante de un movimiento o espacio de participación social para que pueda dar sus valoraciones sobre el contexto actual.

Pronunciamiento conjunto ante el escenario de persecución y criminalización a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en El Salvador.

Las articulaciones, organizaciones, movimientos, colectivos de sociedad civil salvadoreña y organizaciones internacionales aliadas, firmantes, denunciamos con profunda preocupación la creciente persecución y criminalización que enfrentan líderes comunitarios, sindicales, así como personas defensoras de derechos humanos y ambientales en El Salvador.

Condenamos la reciente captura de Ruth Eleonora López y otras personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, sociales y ambientales, como el abogado y defensor Alejandro Enríquez, y el líder comunitario y pastor Ángel Pérez.

Estos hechos forman parte de una escalada de violencia que ha generado un peligroso escenario de criminalización y censura de la defensa de derechos humanos por parte del Estado salvadoreño, que atenta directamente contra el derecho a la reunión pacífica, la libertad de expresión y el derecho de asociación.

Rechazamos enérgicamente las acusaciones infundadas y los discursos estigmatizantes emitidas por representantes del Estado salvadoreño que buscan desacreditar y difamar el trabajo legítimo de las organizaciones sociales y su valioso aporte al desarrollo del país desde la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a la población en mayor situación de vulnerabilidad.

Esta narrativa no solo es falsa, sino que representa un retroceso a derechos fundamentales como la participación ciudadana, la libertad de expresión, la independencia de poderes y la controlería de la sociedad civil frente al poder del Estado.

En este contexto ya adverso, señalamos las graves consecuencias de la reciente aprobación de la ley de agentes extranjeros.

Se crea un nuevo registro de agentes extranjeros de carácter obligatorio a pesar de que las organizaciones ya se encuentran registradas legalmente ante instancias del Estado.

Este doble registro ha sido utilizado en otros países para negar o cancelar la personería jurídica de organizaciones consideradas incómodas al oficialismo.

La recién aprobada ley impone un impuesto del 30%, mismo que no se especifica su finalidad y será aplicado a las transferencias internacionales, también a las donaciones provenientes de cualquier fuente, nacional o internacional, afectando directamente la sostenibilidad del trabajo de las organizaciones sin fines de lucro.

Además contempla sanciones desproporcionadas de hasta 250 mil dólares por el incumplimiento del registro o de disposiciones vagas como la prohibición de realizar actividades con fines políticos u otros, que, de manera discrecional, pueden interpretarse como una amenaza al orden público o a la estabilidad social.

Nos preocupa el involucramiento de la Fiscalía General de la República y la introducción de responsabilidades penales por supuestas amenazas a la seguridad nacional, sin una definición clara, que refuerzan un esquema legal que habilita la criminalización arbitraria del trabajo de las organizaciones de sociedad civil.

Estas disposiciones contravienen estándares internacionales, como los establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protegen el derecho a la libertad de asociación y a recibir financiamiento sin restricciones indebidas.

La posibilidad de suspensión o cancelación de la personería jurídica por presuntos incumplimientos atenta contra el principio de proporcionalidad ampliamente reconocido por los sistemas internacionales de protección de derechos humanos y señalado por Relatores y Relatoras Especiales de Naciones Unidas como una medida que requiere ser aprobada.